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La Región
FADEEAC denunció un “peaje ilegal” en Ramallo
La Federación pidió frenar cobros de hasta $37.000 por pesaje y $25.000 por vehículo en un acceso clave para industrias y transporte.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas presentó una denuncia administrativa por un esquema de cobros aplicado en Ramallo, provincia de Buenos Aires. La presentación fue realizada ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación y apunta a suspender un “peaje municipal encubierto” y una sobretasa a los combustibles.
La medida cuestionada surge de la Licitación Pública 3/25, mediante la cual el Municipio adjudicó a Plus Byte S.R.L. la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez.
El tramo tiene 5,1 kilómetros y es estratégico para la circulación de camiones. Conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y también con el Puerto de San Nicolás.
La normativa municipal prevé cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico. Además, contempla otros $25.000 por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico TAG.
FADEEAC advirtió que ese esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo. A ese impacto se suma la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna cobra desde enero en las estaciones de servicio locales.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, advirtió Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.
Pedido de suspensión inmediata
En la presentación, la entidad sostuvo que la medida constituye una doble imposición tributaria e inconstitucional. También señaló que vulnera la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y la Ley Nacional de Combustibles 23.966.
El planteo marca que no existe una contraprestación directa de servicio ni una afectación específica de los fondos. La recaudación ingresa en su totalidad a las arcas municipales y luego se reparte en un 50% con el concesionario privado.
Por ese motivo, FADEEAC le solicitó al Ministerio de Economía que impulse una medida cautelar de suspensión inmediata ante la Justicia. El pedido replica acciones promovidas por el Estado Nacional contra municipios como Tres de Febrero, San Isidro, San Martín y Morón.
Los pliegos establecen que la concesión tendrá una duración de 20 años. El privado deberá hacerse cargo del mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación, aunque la Federación considera que la recaudación proyectada supera de manera desproporcionada cualquier costo de conservación vial.
Preocupación entre empresas de transporte e industrias
El caso generó alarma en más de un centenar de empresas de transporte e industrias dadoras de carga de la zona. En una carta enviada a FADEEAC y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, los empresarios alertaron por la ubicación del puesto de control sobre el Acceso Sánchez.
Ese corredor es el único habilitado para el tránsito pesado hacia complejos industriales estratégicos y el Puerto de San Nicolás. Por eso, las compañías consideran que el sistema puede ahogar la operatoria logística regional.
Las firmas afectadas estiman que el costo anual del gravamen podría ubicarse entre $100 y $500 millones por empresa. Ese monto impactaría de lleno sobre sus márgenes operativos y pondría en riesgo la continuidad de las operaciones.
Otro punto de preocupación es la posible aplicación de sanciones arbitrarias. Las empresas mencionaron multas o decomiso de mercadería para las unidades que no adhieran al sistema.
“El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas, sin coordinación ni límite”, remarcaron las empresas.
FADEEAC reiteró la necesidad de lograr la suspensión inmediata del sistema y la derogación de la ordenanza municipal.
